Coin Center, catalogó como embrollado, abusivo e inconstitucional el tesina de ley Crypto-Asset National Security Enhancement (CANSEE) o Restablecimiento de la seguridad doméstico de criptoactivos que fue presentada recientemente en el Congreso de Estados Unidos.
Coin Center es una estructura sin fines de utilidad para la defensa e investigación de la tecnología detrás de Bitcoin, así como de otras criptomonedas. Y actualmente se ha mantenido muy activa conveniente a las amenazas sobre el derecho que tienen los estadounidenses a reunirse en redes peer-to-peer, como lo ha señalado su director Jerry Brito.
En su más fresco publicación Coin Center alerta que la Ley CANSEE podría tener consecuencias negativas para el sector de las finanzas descentralizadas (DeFi). Esto conveniente a que extendería las sanciones y las obligaciones de la Ley de Secreto Bancario (BSA) a los desarrolladores individuales, otorgando al secretario del Fisco, pleno poder para arriesgarse quién controla o está detrás de protocolos específicos.
“Si adecuadamente apreciamos el deseo de los senadores de combatir el despotismo de los protocolos criptográficos por parte de actores criminales y enemigos, lamentablemente el tesina de ley todavía haría inviable el expansión de tales protocolos en los EE. UU. y por parte de personas de los EE. UU. Peor aún, el tesina de ley sería código inconstitucional ya que violaría claramente la Primera Reparación”.
Jerry Brito, director ejecutante de Coin Center.
La Primera Reparación de la Constitución de Estados Unidos establece que el Congreso no debe aprobar ninguna ley que limite la soltura de expresión, o el derecho que la parentela tiene de reunirse de forma pacífica, ni de pedir al gobierno la reparación de agravios.
La violación se daría por el hecho de que la propuesta de ley sometería a sanciones a cualquier persona detrás un tesina DeFi, si este no cumple con las normas KYC (o en castellano conoce a tu cliente) para la prevención del lavado de monises. Estas, hasta ahora, son aplicadas en los exchanges centralizados y otras empresas de bitcoin reguladas.
Adicionalmente, de ser aprobada, la propuesta de ley establecería que, si se comprueba que nadie “controla” a un protocolo DeFi, entonces cualquier persona que invierta más de USD 25 millones en desarrollar el tesina será responsable de las obligaciones impuestas.
En ese sentido, Coin Center advierte que las personas que simplemente publican código en blockchains, y muchas otras relacionadas con los proyectos DeFi, quedarían expuestas a opinión. Esto por simplemente anunciar software y no registrarse con FinCEN, por ejemplo, agrega la estructura.
“Prohibir de modo genérico la publicación de código fuente descubierto para protocolos criptográficos descentralizados y luego permitir que el secretario [Departamento del Tesoro]a su exclusivo criterio, otorgue permisos a protocolos centralizados que adecuadamente podrían ser instituciones financieras tradicionales es ceder el campo de la innovación al resto del mundo. Asimismo sería una restricción previa demasiado amplia, basada en el contenido, sobre la publicación de discurso protegido y rotundamente inconstitucional”
Jerry Brito, director ejecutante de Coin Center.
CoinCenter cree que el tesina de ley adopta un enfoque de «prohibición genérico» y carece de los matices necesarios para proteger los derechos individuales. Instan a las autoridades a considerar un enfoque más prudente y específico para conseguir sus objetivos.
“Estados Unidos obliga a que los ciudadanos se espíen entre sí”
Adicionalmente, Coin Center informó que acudirá a la Corte Suprema, de ser necesario, tras activo demandado Sección del Fisco por vigilancia financiera inconstitucional. “Es una clara extralimitación por parte del gobierno imponer a los ciudadanos a espiarse unos a otros sin una orden legislativo”, comentó Jerry Brito en una publicación antedicho.
Coin Center presentó, en junio, una demanda en un tribunal de distrito federal contra el Sección del Fisco, pero ahora, un magistrado desestimó el caso.
Por lo tanto, la ley que entrará en vigencia el 1 de enero de 2024 exige que los estadounidenses que reciban pagos en bitcoin u otras criptomonedas, por montos superiores a los USD 10.000 o más, informen al gobierno no solo la transacción, sino todavía los datos del remitente, “todo sin una orden legislativo”, añadió Brito.
Todo esto surge de una disposición pasada por detención (una remedio a la sección 6050I del código fiscal) en el tesina de ley de gastos de infraestructura de 2021 hará que aceptar activos digitales sea un delito llano si no se informa correctamente.
Esta disposición, que se aplica a todos los estadounidenses que reciben cualquier tipo de activo digitales en el curso de su comercio o negocio, hasta ahora ha escapado al recuento notorio o del Congreso.
Por ello, Coin Center está solicitando que no se obligue a la parentela popular a resumir información mucho intrusiva sobre otras personas comunes para tener que reportarla al gobierno sin una orden legislativo. “Esto es inconstitucional según la Cuarta Reparación”, señala Brito en su comunicado.
El otro anuncio de Coin Center es que las organizaciones políticamente activas creen y reporten listas de los nombres de sus donantes y luego la reporten al gobierno, lo cual es inconstitucional según la Primera Reparación.
